Racismo en tiempo presente

Un pasaporte estadounidense o francés abre unos 180 países sin visado. Un pasaporte de Afganistán, Irak, Siria, Somalia o Sudán abre menos de treinta. No es un hecho administrativo neutro. Es la herencia del mapa colonial: las mismas potencias que trazaron las fronteras deciden ahora quién puede cruzarlas.

Un turista europeo que fotografía un pueblo pesquero de África occidental es un viajero. Un africano occidental que intenta llegar a Europa por el mismo mar es una «crisis migratoria». El mismo movimiento humano, en direcciones opuestas, se describe en lenguajes morales opuestos.

Cuando un país del Sur global construye una red ferroviaria de alta velocidad, diseña una vacuna eficaz, posa una sonda en la Luna o crea una empresa tecnológica de dominio global, la reacción de la prensa occidental es casi siempre incredulidad, sospecha o sorpresa condescendiente. El supuesto por defecto —discreto, persistente— es que la modernidad ocurre en otro sitio y se toma prestada.

Cuando un profesional indio, iraní, nigeriano o brasileño es realmente brillante en su campo, el marco más generoso disponible es a menudo «un orgullo para su país». El marco no se aplica al revés. A ningún ingeniero de software noruego se le llama «un orgullo para Noruega». Es, simplemente, un ingeniero de software.

No es una cuestión de prejuicio individual. Es una jerarquía de competencia esperada incrustada en el imaginario global sobre quién cuenta como «de talla mundial» y quién cuenta como «impresionante para ser de donde es».

«País en desarrollo» es una expresión notable. Da por hecho, en voz baja, que el destino del desarrollo es el país que pone el nombre. Trata siglos de saqueo como una ventaja que las víctimas del saqueo van recuperando despacio, bajo supervisión benévola. Sería más exacto usar la expresión de Walter Rodney: países sobreexplotados.

La arquitectura financiera que mantiene esto —los programas de ajuste estructural del FMI, las condiciones de préstamo del Banco Mundial, las agencias de calificación de Nueva York, el franco CFA que ata a catorce economías africanas al Tesoro francés— no es una meritocracia. Es la prolongación legal del imperio por otros instrumentos.

El imaginario occidental poscolonial tiene una preferencia marcada por un tipo concreto de persona de un país antes colonizado: pobre, agradecida, sufriente, necesitada de rescate, fotogénicamente impotente. Las campañas de caridad, los carteles de ONG, el cine de prestigio y el periodismo humanitario están organizados en torno a esa figura.

Ese mismo imaginario tiene enormes dificultades para procesar a la persona antes colonizada que no es nada de eso: rica, formada, segura, técnicamente avanzada, no especialmente impresionada por las instituciones occidentales y nada interesada en ser rescatada. Se la lee como sospechosa, arrogante, probablemente corrupta o, de algún modo, inauténtica. «¿Dónde aprendiste de verdad el inglés?» es, en el fondo, la misma pregunta que «¿Seguro que perteneces aquí?».

La prueba más clara de cómo piensa de verdad una sociedad sobre la raza es lo que pasa cuando el supuesto inferior alcanza la paridad. Un vecino negro con subsidio social es, para los ojos racistas, objeto de queja. Un vecino negro con un trabajo mejor pagado, una casa mejor y unos hijos en un colegio mejor es, a menudo, objeto de furia. Al primero se le puede tratar con paternalismo. Al segundo no.

Este es el racismo que se esconde dentro de muchas sociedades educadas: cómoda con el extranjero dependiente, virulentamente hostil con el que prospera. Al migrante se le acoge como limpiador, se le tolera como médico, se le sospecha como directivo y se le trata como una amenaza si es jefe de Estado.

Cuando los sistemas de reconocimiento facial vendidos por Microsoft, IBM, Amazon y los principales proveedores chinos fueron auditados por Joy Buolamwini y Timnit Gebru en el MIT en 2018, las tasas de error con mujeres de piel oscura superaban el 34 %, frente a menos del 1 % con hombres de piel clara. Las herramientas de policía predictiva desplegadas en Chicago, Nueva Orleans y Londres han demostrado reproducir la geografía racial de los registros de detenciones con los que se entrenaron, y rebautizar después el sesgo como dato. La Apple Card y varios grandes algoritmos hipotecarios estadounidenses han sido investigados por dar peores condiciones a mujeres y solicitantes negros, controlando por ingresos.

El asunto no es que las máquinas sean racistas. Es que son extremadamente leales a quien las escribió. Heredan los prejuicios de los datos y las prioridades de los ingenieros, y luego los ejecutan a una escala y velocidad que ninguna burocracia humana podría igualar, vestidas con el disfraz cultural de la objetividad. La discriminación por hoja de cálculo es más difícil de denunciar que la discriminación por frase.

Compara el tratamiento en portada de los 130 muertos en París (noviembre de 2015) con los 147 muertos en la Universidad de Garissa, en Kenia (abril de 2015), o con la semana media en el este del Congo, en Sudán, en Yemen o en Tigray. Compara la cobertura de los refugiados ucranianos en 2022 con la de los sirios, afganos, sudaneses o rohinyás que huían de guerras comparables en la década anterior. La diferencia no es una casualidad. Es el residuo de una jerarquía del duelo.

Algunos periodistas dijeron en voz alta lo que no se decía, en directo, tras la invasión de Ucrania: refugiados que «se parecen a nosotros», «civilizados», «europeos». Los corresponsales que usaron esas palabras se disculparon después. El marco no. Sigue organizando qué se trata como tragedia y qué se trata como parte meteorológico.

Los regímenes fronterizos que se presentan como humanitarios —«estamos protegiendo a los migrantes de los traficantes, a las mujeres de las redes de trata»— son, en la práctica, la mayor causa individual de muerte y explotación de migrantes. El Mediterráneo ha matado a más de 30.000 personas desde 2014, en condiciones que las guardias costeras europeas decidieron repetidamente no evitar. El régimen australiano de detención offshore en Nauru y la isla Manus documentó abusos sexuales a menores. La frontera sur de Estados Unidos separó a miles de niños de sus padres y, en muchos casos, perdió la pista de dónde los había colocado.

El patrón colonial es exacto: violencia ejercida en nombre de la protección de las mismas personas a las que perjudica. La «misión civilizadora» del siglo XIX y el «marco antitrata» del XXI son operativamente indistinguibles: ambos producen el sufrimiento que luego se ofrecen a gestionar.

La diversidad, equidad e inclusión en su versión corporativa se ha convertido, en muchas instituciones, en una medida de protección de marca más que en una redistribución. Se compra la presentación, se hacen los cambios estéticos —el consejo añade una cara, el vestíbulo añade un retrato, la web añade un comunicado— mientras los salarios, la equidad, los votos del consejo, los contratos con proveedores y las donaciones políticas apenas se mueven. Tras el asesinato de George Floyd en 2020, las corporaciones estadounidenses comprometieron públicamente unos 50.000 millones de dólares para equidad racial; en 2023, las auditorías independientes solo pudieron rastrear menos de 250 millones efectivamente desembolsados.

Cuando el clima político cambió en 2024-2025, muchas de esas mismas firmas desmantelaron sus departamentos de diversidad en un solo ciclo informativo, con la lógica explícita de que la diversidad había sido un coste, no un valor. Esa es la prueba que delata el compromiso original. Una justicia que abandonas cuando deja de ser rentable era una campaña de marketing.

Los gobiernos occidentales imponen sanciones, de manera rutinaria, a Cuba, Irán, Venezuela, Siria, Zimbabue y otros, alegando derechos humanos, mientras arman a Arabia Saudí, Egipto, Emiratos, Israel y, en su día, a la Indonesia de Suharto y al Chile de Pinochet, con expedientes de gobernanza indistinguibles. La variable que predice la sanción no es el desempeño en derechos humanos; es la alineación con las preferencias de política exterior de EE. UU. y la UE. La variable que predice las ventas de armas es la misma.

La clase intelectual que produce el marco moral para todo esto —ciertos think tanks, páginas de opinión, ciertas ONG— hace el trabajo retórico pesado que permite que una política exterior de indignación selectiva parezca una política exterior de principios. La selectividad es el sentido del sistema. Una vara universal costaría demasiado.