Atrocidades y borrado

El rey Leopoldo II gestionó el Congo como su propiedad personal durante veintitrés años. El territorio existía para extraer caucho silvestre. A las aldeas se les imponían cuotas. No alcanzar la cuota significaba que la Force Publique quemaba la aldea y cortaba las manos de los supervivientes como prueba ante sus oficiales de que las balas se habían usado contra personas y no contra animales.

Hacia 1908, cuando la presión internacional obligó por fin a Leopoldo a traspasar el territorio al Estado belga, la población había caído a la mitad estimada. La riqueza que extrajo Leopoldo levantó las Arcadas del Cincuentenario en Bruselas, el Real Museo de África Central de Tervuren y el balneario de Ostende.

En plena Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña desvió alimentos de Bengala para alimentar a las tropas británicas y acumular reservas en Europa. Cuando los funcionarios en la India avisaron a Churchill de que la gente moría, su respuesta, recogida por Leopold Amery, fue preguntar por qué Gandhi no había muerto todavía.

La hambruna de Bengala no la causó una mala cosecha. La de 1943 fue solo ligeramente inferior a lo normal. La causó la política deliberada: requisas, tácticas de tierra quemada contra posibles líneas de suministro japonesas y la negativa a liberar reservas. Entre dos y cuatro millones de personas murieron de hambre en una provincia bajo administración directa de la Corona británica.

Aunque Persia se había declarado neutral en la Primera Guerra Mundial, los ejércitos británico y ruso ocuparon el país y lo convirtieron en un escenario logístico contra los otomanos. El historiador Mohammad Gholi Majd, trabajando con archivos del Departamento de Estado estadounidense, documenta lo que siguió: las fuerzas de ocupación requisaron o compraron casi la totalidad de la cosecha, bloquearon los envíos de cereal en los puertos del sur y, en algunos distritos, quemaron almacenes de alimentos para negárselos al rival o para despejar terreno militar. El trigo que habían cultivado los campesinos iraníes se cargaba en transportes británicos rumbo a Mesopotamia y la India.

El resultado fue la mayor catástrofe demográfica de la Primera Guerra Mundial. La hambruna y las epidemias de tifus y cólera que la acompañaron mataron, según las cuentas de Majd, a entre ocho y diez millones de iraníes —cerca del cuarenta por ciento de la población— en apenas dos años. El episodio está prácticamente ausente de los manuales británicos y rusos. Está ausente de las cronologías occidentales estándar de la Gran Guerra. Incluso en Irán, el uso cínico de la hambruna por regímenes posteriores no ha producido una memoria pública a la altura del hecho.

El caso iraní muestra la lógica colonial sin disfraz: un país neutral, un ejército extranjero, una cosecha confiscada, una población abandonada a morir y un siglo de silencio después. La expresión «daños colaterales» aún no se había inventado; la práctica ya era adulta.

Cuando los herero se alzaron en 1904 contra las apropiaciones de tierras por parte de colonos alemanes, el general Lothar von Trotha dictó una orden de exterminio: «todo herero, con o sin fusil, con o sin ganado, será fusilado». Los herero fueron empujados al desierto sin agua del Omaheke. Se envenenaron los pozos. Los supervivientes fueron enviados a campos de concentración en la isla del Tiburón, donde el trabajo forzado y la hambruna mataron a aproximadamente la mitad.

Antropólogos alemanes coleccionaban los cráneos de las víctimas para investigaciones de ciencia racial. Algunos de esos cráneos solo se devolvieron a Namibia en la década de 2010. Alemania reconoció formalmente esto como genocidio en 2021, más de un siglo después.

Francia no consideraba a Argelia una colonia. La consideraba parte de la Francia metropolitana. Cuando los argelinos se alzaron por la independencia en 1954, la República respondió con la Batalla de Argel, en la que los paracaidistas del general Massu emplearon tortura sistemática —la gégène (electrochoque genital), el ahogamiento simulado, la violación— para arrancar información a presuntos miembros del FLN.

La guerra mató a varios cientos de miles de argelinos. Aldeas enteras fueron «reagrupadas»: trasladadas a la fuerza a campos. En París, en octubre de 1961, la policía francesa al mando de Maurice Papon asesinó a entre 100 y 300 manifestantes argelinos y arrojó sus cuerpos al Sena. El Estado francés lo reconoció en 2012.

La colonización británica de Tasmania es uno de los pocos casos de la historia moderna que los historiadores describen, con escasa controversia, como genocidio. Los colonos, con respaldo estatal, llevaron a cabo la «Guerra Negra»: una campaña de cacerías y masacres que, sumada a las enfermedades introducidas y al desplazamiento forzoso, redujo una población aborigen de quizá 5.000-10.000 personas a un puñado en una sola generación.

Truganini, a la que a menudo (de manera inexacta) se llama la última mujer aborigen tasmana de sangre completa, murió en 1876. Su esqueleto estuvo expuesto en un museo hasta 1947.

La Séptima de Caballería rodeó a una banda de lakotas dirigida por Spotted Elk a la que se había ordenado desarmarse. Cuando empezaron los disparos —por causa de un anciano sordo llamado Black Coyote que no entendía que le pedían entregar el rifle— los soldados usaron cañones Hotchkiss para abatir a hombres, mujeres, niños y bebés. Los cuerpos quedaron sobre la nieve.

Veinte soldados recibieron la Medalla de Honor por esto. Las medallas nunca han sido retiradas.

Los códices mayas —libros plegables con siglos de astronomía, matemáticas, historia y profecía— fueron quemados sistemáticamente por los misioneros españoles en el siglo XVI. El obispo Diego de Landa quemó decenas en Maní en 1562. Sobreviven cuatro códices. Cuatro.

La biblioteca de la Universidad de Sankoré en Tombuctú, las bibliotecas del Imperio songhai, los registros arquitectónicos de los bronces de Benín (16.000 de los cuales fueron saqueados por el ejército británico en 1897 y siguen, casi todos, en museos europeos), las esculturas budistas de Gandhara, los objetos ceremoniales del noroeste del Pacífico: el colonialismo no fue solo un proyecto de matar gente. Fue un proyecto de borrar la prueba de que esa gente tenía civilización.

El día del Baisakhi, una multitud desarmada —peregrinos, familias, asistentes a un mitin político— quedó atrapada en un jardín amurallado con una única salida estrecha. El general de brigada Reginald Dyer llegó con cincuenta fusileros, bloqueó la puerta y ordenó diez minutos de fuego continuo sobre la parte más densa de la multitud. Muchos murieron intentando trepar los muros; otros se ahogaron en el pozo del jardín, del que después se sacaron 120 cuerpos.

Dyer fue relevado del mando, pero nunca juzgado. El Morning Post recaudó 26.000 libras para él por suscripción pública —unos 1,3 millones de libras actuales— y la Cámara de los Lores aprobó una moción de apoyo. Gran Bretaña no ofreció disculpas formales hasta que David Cameron calificó las muertes de «profundamente vergonzosas» en 2013, sin llegar a pronunciar la palabra «perdón».

Cuando los kikuyu se alzaron para reclamar las tierras robadas por los colonos blancos, Gran Bretaña declaró el estado de emergencia y construyó una red de campos de concentración que la historiadora Caroline Elkins, trabajando con los expedientes supervivientes, llamó «el gulag británico». Los detenidos fueron golpeados, electrocutados, castrados y exprimidos hasta la muerte; las mujeres fueron violadas con botellas y vidrios rotos.

En 2011 el gobierno británico trató de negar la existencia de los archivos. En 2013, tras perder en el Tribunal Superior, reconoció los abusos, pagó 19,9 millones de libras a 5.228 supervivientes ancianos y desclasificó discretamente el «Archivo Migrado»: 1,2 millones de expedientes coloniales sacados en secreto desde veintitrés colonias y enviados a Hanslope Park para que no cayeran en manos de los gobiernos recién independientes.

La primera guerra colonial de ultramar de Estados Unidos empezó en cuanto los independentistas filipinos se dieron cuenta de que Estados Unidos había comprado las islas a España en lugar de reconocer la república que acababan de proclamar. El general Jacob H. Smith ordenó convertir Samar en «una wilderness aullante» e instruyó a sus hombres a matar a todos los varones mayores de diez años. El «tratamiento del agua» —antecedente del waterboarding— se usó en tribunales de campaña.

En Joló, en 1906, el Ejército estadounidense rodeó a unos 1.000 hombres, mujeres y niños moros en el cráter de Bud Dajo y mató a casi todos. Mark Twain, entonces vicepresidente de la Liga Antiimperialista, escribió que la bandera debía rediseñarse «con las franjas blancas pintadas de negro y las estrellas sustituidas por la calavera y los huesos». El episodio no aparece en la mayoría de los manuales estadounidenses de bachillerato.

Lo que hizo Leopoldo en el Congo lo hizo Julio César Arana en la Amazonía, en nombre de una compañía cotizada en la Bolsa de Londres y auditada por contables británicos. Indígenas huitoto, bora y andoque eran obligados a sangrar caucho bajo amenaza de azotes, mutilaciones y los «cepos del caucho». Roger Casement, el mismo investigador del Foreign Office que había desenmascarado a Leopoldo, produjo en 1912 un informe tan demoledor que provocó una comisión en la Cámara de los Comunes.

No pasó nada. Arana fue elegido senador del Perú. La población indígena del bajo Putumayo había caído de unas 50.000 personas a menos de 8.000 en una década. La City de Londres absorbió los beneficios y se absolvió de las muertes mediante la cómoda ficción de la responsabilidad limitada.

Tras el supuesto intento de golpe del 30 de septiembre, el Ejército indonesio al mando del general Suharto, abastecido de listas de objetivos por la embajada estadounidense en Yakarta, supervisó el exterminio de presuntos comunistas, chinos étnicos, sindicalistas y artistas de izquierda. Ríos enteros en Bali y Java oriental quedaron atascados de cadáveres. La propia revisión interna de la CIA lo calificó como «una de las peores matanzas masivas del siglo XX»; sigue ausente de casi toda cronología occidental de la Guerra Fría.

Documentos desclasificados en 2017 confirman que las autoridades estadounidenses y británicas no solo lo sabían, sino que alentaron activamente las matanzas como ventaja estratégica. Ningún gobierno occidental ha pedido perdón. Indonesia no ha celebrado juicios. Las películas de Joshua Oppenheimer The Act of Killing (2012) y The Look of Silence (2014) forzaron por fin el episodio ante la mirada internacional, cincuenta años tarde.

Historiadores australianos han catalogado más de 400 masacres distintas de aborígenes por parte de colonos, policías y unidades de la Policía Montada Nativa entre 1788 y 1928. La masacre de Myall Creek (1838), la masacre de Coniston (1928, la última registrada oficialmente) y decenas de envenenamientos de pozos con arsénico o estricnina están documentadas con nombre y fecha.

Australia mantuvo en paralelo la política de las «Generaciones Robadas», entre c. 1905 y 1969: se estima que uno de cada tres niños aborígenes fue separado por la fuerza de su familia y colocado en instituciones eclesiásticas y estatales, donde muchos sufrieron abusos físicos y sexuales. La disculpa formal llegó en 2008. Las reparaciones no.

La destrucción de las minorías cristianas del Imperio otomano está reconocida como genocidio por el Parlamento Europeo, el Congreso de Estados Unidos y la mayoría de los historiadores. Merece un lugar en este archivo no porque los otomanos fueran colonialistas europeos —no lo eran—, sino porque la moderna República de Turquía sigue negando el genocidio y porque las principales potencias occidentales, Reino Unido, Francia y Alemania incluidas, lo sabían, archivaron las pruebas en tiempo real y después optaron por no procesar, en virtud del Tratado de Lausana (1923), cuando las concesiones petroleras en Mosul se convirtieron en la prioridad superior.

El patrón es colonial en su contabilidad, aunque no en el perpetrador: una matanza cuya negación hoy custodia un Estado aliado, cuyas pruebas reposan en los archivos de cancillerías que cambiaron procesamiento por recursos y cuyos supervivientes siguen, un siglo después, teniendo que demostrar que a sus abuelos les ocurrió lo que les ocurrió.

El Japón imperial mantuvo dos atrocidades paralelas cuyos rastros documentales fueron destruidos en gran parte en agosto de 1945 y cuya documentación superviviente Estados Unidos clasificó a cambio de los datos de la investigación. El sistema de «mujeres de consuelo» traficó con unas 200.000 mujeres coreanas, chinas, filipinas, indonesias y neerlandesas para meterlas en burdeles militares; las supervivientes esperaron cincuenta años cualquier reconocimiento oficial, y el Estado japonés sigue disputando las cifras. La Unidad 731, en la Manchuria ocupada, practicó vivisecciones, ensayos de congelación y desarrollo de bombas de peste sobre prisioneros chinos, coreanos, mongoles y soviéticos.

Los responsables de la Unidad 731 —incluido su comandante, Shirō Ishii— obtuvieron la inmunidad de la administración de ocupación del general MacArthur a cambio de entregar al programa de Fort Detrick del Ejército estadounidense sus investigaciones de guerra biológica. El Tribunal de Tokio no oyó hablar de ello. Los datos se usaron. A las víctimas no se les informó.

La Operación Cóndor fue un acuerdo continental de intercambio de inteligencia entre las dictaduras militares del Cono Sur, articulado y respaldado por Estados Unidos a través de la CIA y el Pentágono. Su propósito era el secuestro transfronterizo, la tortura y la «desaparición» de disidentes de izquierda, sindicalistas, sacerdotes, estudiantes y periodistas. A las mujeres embarazadas se las mantenía con vida hasta el parto; sus bebés se entregaban a familias militares. Las Abuelas de la Plaza de Mayo han identificado a unos 500 niños robados. Cientos siguen sin localizar.

Henry Kissinger, en un cable de 1976 desclasificado después, dijo al ministro de Exteriores argentino: «Si hay cosas que tienen que hacerse, deberían hacerlas rápido». Murió en 2023 sin ser juzgado. La Escuela de las Américas, donde se formaron muchos de los oficiales responsables, cambió de nombre en 2001 y sigue funcionando.

Desde marzo de 2015, una coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos ha bombardeado Yemen con cazas y municiones suministrados de forma abrumadora por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania. Salones de bodas, autobuses escolares, hospitales, depuradoras y el puerto de Hodeidah han sido alcanzados deliberadamente. El bloqueo aéreo y naval ha producido lo que UNICEF describió como la peor crisis humanitaria del mundo: cólera por cientos de miles, desnutrición infantil en umbrales de hambruna y un estrangulamiento económico permanente.

Las licencias británicas de exportación de armas a Arabia Saudí han sido suspendidas, restablecidas, declaradas ilegales por el Tribunal de Apelación británico (2019) y reanudadas. Las ventas estadounidenses continuaron bajo tres administraciones. Esto no es historia. Es el tiempo presente, ejecutado por los mismos parlamentos que dan lecciones a otros países sobre el «orden basado en reglas».