Las colonias que aún conservan.

La palabra "poscolonial" fue un acto de optimismo. Daba por sentado que algo había terminado. Lo que sigue es un inventario parcial —deliberadamente parcial, porque la lista completa daría para un libro— de todo lo que no ha terminado.

I. Las colonias que todavía tienen gobernador

Estados Unidos conserva Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes Estadounidenses, Samoa Americana y las Marianas del Norte como "territorios no incorporados": una categoría jurídica inventada por el Tribunal Supremo en los Insular Casesde 1901, que dictaminó que la Constitución no se aplica plenamente a las personas cuyos antepasados Estados Unidos adquirió por la guerra. Cerca de tres millones y medio de nacionales estadounidenses no pueden votar al presidente cuyo ejército sirve en su nombre.

El Reino Unido conserva catorce "Territorios Británicos de Ultramar": las Malvinas, Gibraltar, Bermudas, las Islas Caimán y el Territorio Británico del Océano Índico, este último creado en 1965 mediante la expulsión forzosa de toda la población chagosiana para que Estados Unidos pudiese construir una base militar en Diego García. Los chagosianos, más de medio siglo después, siguen sin poder volver a casa.

Francia conserva trece dependencias de ultramar: Mayotte, Reunión, Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe, Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa, entre otras. Nueva Caledonia celebró referendos de independencia en 2018, 2020 y 2021; París validó el tercero pese al boicot canaco durante la pandemia y anunció que el territorio había elegido seguir siendo francés. En mayo de 2024, cuando la Asamblea Nacional intentó diluir todavía más el voto canaco, el territorio se levantó en protesta y París envió policías por aire.

Los Países Bajos conservan Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, San Eustaquio y Saba; Dinamarca sigue administrando Groenlandia, cuyo subsuelo —de pronto accesible a medida que se derrite el hielo— ha pasado a ser objeto de intenso interés estratégico. Nada de esto es una anomalía. Es la continuación, en forma jurídica, del proyecto que arrancó en el siglo XV.

II. La Commonwealth y el truco de la palabra amable

El Imperio británico no se disolvió. Se rebautizó. La Commonwealth de Naciones, con sus 56 estados miembros y sus cumbres bienales sonrientes, es el plan de pensiones del imperio. El monarca británico sigue siendo jefe de estado en quince "reinos de la Commonwealth" —Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas y otros— y las apelaciones judiciales de varios países del Caribe y del Pacífico siguen terminando, en última instancia, en el Comité Judicial del Consejo Privado con sede en Londres. Un juez de Westminster aún puede revocar, por tratado, una sentencia de Mauricio.

El régimen de preferencias de la Commonwealth proporcionó además a Gran Bretaña, durante casi todo el siglo XX, acceso privilegiado a los alimentos, las materias primas y la mano de obra barata de los antiguos colonizados. La generación Windrush, invitada desde el Caribe a reconstruir la posguerra británica, fue despojada en 2018 de su ciudadanía por un Ministerio del Interior que había destruido en silencio sus tarjetas de desembarco.

III. La moneda que no es tuya

Catorce estados africanos siguen usando el franco CFA, una moneda inventada en 1945 —sus iniciales significaban originalmente "Colonies françaises d'Afrique"— y gestionada, de hecho, desde París. Hasta 2019, la mitad de las reservas exteriores de estos países se depositaba en el Tesoro francés. La paridad fija del CFA impide a los gobiernos africanos devaluar cuando lo necesitan; su política monetaria la hace, en la práctica, el Banco Central Europeo. La dirección electa de Senegal no puede fijar su propio tipo de interés. El banco central de Costa de Marfil no puede emitir para combatir una recesión. Es una relación colonial descrita en el lenguaje de la banca central.

IV. Las bases en el jardín ajeno

Estados Unidos opera alrededor de 750 bases militares en cerca de 80 países, incluidos varios que le han pedido reiteradamente que se vaya. Francia mantiene guarniciones permanentes por todo el Sahel y el Pacífico. El Reino Unido conserva "zonas soberanas de base" en Chipre. Ninguno de estos arreglos es recíproco. No hay base senegalesa en Burdeos, ni base iraquí en Texas, ni base cubana en Florida.

V. La tierra, el lecho marino, el subsuelo

La mayor parte del cobalto que mueve los coches eléctricos de Berlín, Oslo y San Francisco se extrae, a menudo a manos de niños, en la República Democrática del Congo. El procesado se hace luego en China; el beneficio acaba en empresas cotizadas del Norte; el coste social y ambiental se queda en Lualaba. El patrón se repite con el litio de los salares de Bolivia y Chile, con la bauxita de Guinea, con el coltán del este del Congo, con las tierras raras de Mongolia Interior y Myanmar, con el uranio de Níger que lleva medio siglo encendiendo las bombillas francesas.

Cuando la oleada de golpes saheliana de 2020-2023 produjo gobiernos que querían renegociar estos arreglos, la prensa occidental explicó, con tono grave, que la región se "desestabilizaba". El arreglo que se defendía era la concesión colonial.

VI. El nuevo colonialismo: datos, código y semillas

Una campesina de Maharashtra paga ahora un canon, cada temporada, a una empresa con sede en Misuri por el derecho a sembrar una semilla que su abuela podía haber guardado de la cosecha anterior. El régimen de propiedad intelectual impuesto a través del acuerdo TRIPS de la OMC convirtió saberes ancestrales —cúrcuma, neem, basmati— en objetos que podían patentarse en capitales occidentales y devolverse bajo licencia a quienes los cultivaban desde hace milenios.

La nueva "revolución de la IA" funciona con textos e imágenes extraídos, sin consentimiento, de los archivos de todas las culturas del mundo, pero los modelos resultantes son propiedad de cinco empresas estadounidenses y dos chinas. La infraestructura en la nube de la que dependen esos modelos está en cinco jurisdicciones. La parte del etiquetado —donde personas reales clasifican miles de imágenes perturbadoras por turno a dos dólares la hora— se subcontrata en Kenia, Filipinas y Venezuela. El patrón es tan reconocible que ponerle nombre nuevo sería halagarlo.

VII. Extracción de cerebros

La extracción más eficiente del sistema moderno ya no es el caucho ni el azúcar. Es una persona. Una facultad de medicina británica le cuesta al NHS más de 270.000 libras por egresado; un médico filipino, nigeriano o indio que trabaja en el mismo hospital llegó ya formado, sin coste alguno para el contribuyente británico. Alrededor del 38% de los médicos iraníes trabaja fuera de Irán.Más de la mitad de las enfermeras de Sierra Leona ejerce en el extranjero. Los países más ricos del mundo importan cuidados desde los más pobres, se niegan a pagar la formación y luego se quejan del coste de la inmigración.

VIII. La guerra como extracción

Cada gran guerra occidental de los últimos setenta años ha reestructurado, además de su objetivo declarado, una economía nacional de un modo útil para las contratistas occidentales. La invasión de Irak en 2003 produjo la privatización del petróleo iraquí y una generación de contratos sin concurso para Halliburton, KBR, Bechtel y Blackwater. La destrucción de Libia en 2011 entregó los campos petroleros del país a un caos en el que las grandes multinacionales han aprendido a operar. Las guerras de 2014-2024 en Yemen, Siria y Sudán han producido, entre todas, una crisis de refugiados que los gobiernos de centroderecha europeos han usado para recortar el derecho de asilo en todo el continente.

Una prueba útil: siempre que una intervención militar occidental se describa como "humanitaria", mira los contratos que vienen después. El humanitarismo se va; los contratos se quedan.

IX. Las etiquetas mismas son una herramienta

"País en desarrollo." "Mercado emergente." "Estado fallido." "Sur global." "África subsahariana." "MENA." "Contexto frágil." "Afectado por el conflicto." Cada uno de estos términos describe al mismo grupo de países desde un ángulo distinto, y todos dan a entender lo mismo: que el estado natural de esos lugares es el inacabamiento, que están de viaje hacia un destino que define otro y que ese otro está autorizado —incluso obligado— a asistir, asesorar o, en última instancia, intervenir.

Un vocabulario más honesto hablaría del mundo sobreexplotado. O de las naciones acreedoras, ya que la mayoría de los países del Sur son acreedores netos del Norte si se cuenta lo que se llevaron. O sencillamente de los países por su nombre, sin el subtítulo imperial.

X. El cable submarino y el satélite

Cerca del 99% del tráfico intercontinental de internet pasa por menos de 600 cables submarinos. Las empresas que los tienden y poseen —SubCom, Alcatel Submarine Networks, NEC y, cada vez más, Google, Meta, Microsoft y Amazon— tienen sede casi íntegramente en cinco jurisdicciones: Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido y, ahora, China. El tráfico africano entre dos ciudades africanas pasa de manera habitual por Marsella o Londres. El tráfico latinoamericano va con frecuencia por Miami. Los puertos coloniales del siglo XIX —Suez, Alejandría, Singapur, Lisboa, Marsella— siguen siendo los cuellos de botella; lo que pasa por ellos es ahora data.

Internet por satélite en órbita baja se está consolidando por el mismo eje. Una única empresa estadounidense opera más del 60% de los satélites activos en órbita, puede ser apagada o restringida geográficamente de forma unilateral y, según consta, fue desactivada cerca de Crimea por su propietario en mitad de una guerra. No hay red equivalente africana, latinoamericana o del sudeste asiático. Tampoco un plan para construirla.

XI. Apartheid de vacunas

Cuando las vacunas de ARNm contra la COVID-19 estuvieron disponibles en 2020, los países ricos compraron por anticipado dosis suficientes para vacunar cuatro o cinco veces a su población, mientras Sudáfrica e India pasaban los dos años siguientes pidiendo a la OMC que suspendiese la protección de patentes para que la tecnología —desarrollada en gran parte con dinero público— pudiese fabricarse localmente. La propuesta fue bloqueada en la OMC por la UE, el Reino Unido, Suiza y (hasta una reversión parcial) Estados Unidos, en defensa de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y BioNTech.

Cuando África había vacunado al 20% de su población, el Reino Unido ya había dosificado al 75% de la suya y empezaba a tirar viales caducados. Estimaciones publicadas en Nature sitúan las muertes evitables del apartheid de vacunas en más de 1,3 millones solo durante los primeros 18 meses. El patrón se repite con los antirretrovirales del VIH, con la insulina, con la oncología: la molécula pertenece a quien pueda pagar la licencia.

XII. Colonialismo del carbono y mercado de compensaciones

La nueva ola de financiación climática toma cada vez más la forma de operaciones de tierras: empresas europeas y norteamericanas compran "compensaciones" de bosques en Kenia, Tanzania, Liberia, Camboya, Perú e Indonesia, a menudo desplazando a las comunidades indígenas que llevan siglos gestionándolos. Los Ogiek de Kenia fueron desalojados del bosque de Mau en 2023 para abrir paso a un proyecto de créditos de carbono. A los masái los están sacando de Loliondo para concesiones de conservación vendidas a la realeza del Golfo. Investigaciones de The Guardian,Die Zeit y SourceMaterial concluyeron en 2023 que más del 90% de las compensaciones de selva tropical vendidas por la mayor certificadora, Verra, eran "inservibles": las reducciones de emisiones reclamadas no existían.

La economía del carbono es, en su estructura, la nueva economía del azúcar. El Norte sigue emitiendo. El Sur aporta la tierra. Los intermediarios de Londres y Ginebra se quedan una comisión por el papeleo. A las comunidades indígenas las desplazan, otra vez.

XIII. El régimen del arbitraje inversor

En más de 2.500 tratados bilaterales de inversión firmados en los años noventa y dos mil hay escondido un mecanismo llamado Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS). Permite a una empresa extranjera demandar a un gobierno soberano —fuera de sus tribunales, ante un panel privado de tres abogados— cuando una ley nueva (una norma ambiental, un salario mínimo, una medida antitabaco) reduce los beneficios esperados. Philip Morris demandó a Uruguay por las cajetillas neutras. Vattenfall demandó a Alemania por 4.700 millones de euros cuando esta abandonó la energía nuclear. Chevron lleva décadas litigando contra Ecuador por la contaminación petrolera en la Amazonía. Las indemnizaciones suelen superar el presupuesto sanitario anual de un país.

La arquitectura es la misma que la de las capitulaciones del siglo XIX —tribunales extraterritoriales a los que la parte fuerte somete a la débil—, solo que ahora se llama "protección al inversor". No existe un mecanismo equivalente por el que un ciudadano de Níger pueda demandar a una petrolera francesa ante un tribunal francés por lo que se extrajo del macizo del Aïr.

XIV. Las flotas fantasma y el pescado robado

Frente a las costas de África occidental, entre el 30% y el 50% de todo el pescado capturado lo extraen ilegalmente arrastreros industriales con pabellón de España, China, Rusia, Corea del Sur y la UE en su conjunto. Los pescadores artesanales senegaleses, mauritanos y guineanos, cuyas familias llevan siglos trabajando estas aguas, vuelven sin nada. El colapso de las pesquerías costeras se explica luego, en los documentos de política de la UE, como un "factor de migración irregular", y la misma UE paga a Frontex para interceptar a los hombres a quienes sus arrastreros acaban de arrebatar el sustento. El bote en el Mediterráneo y el arrastrero frente a Dakar son la misma historia.

XV. La basura vuelve, pero solo en una dirección

Europa envía cada año cerca de 1,5 millones de toneladas de residuos plásticos al sudeste asiático y al África occidental para su "reciclaje", buena parte de los cuales acaba vertida o quemada, envenenando las aguas de las aldeas en Malasia, Vietnam, Turquía y Ghana. La electrónica vieja va a Agbogbloshie, en Acra, y a Guiyu, en Cantón. Los barcos europeos dados de baja, cargados de amianto y PCB, son encallados en Alang, Chittagong y Gadani para que los desguacen a mano operarios pagados a dos dólares al día. El Convenio de Basilea debería prohibir esto. Se esquiva sistemáticamente. La flecha de los residuos, como la de la extracción, va en una sola dirección.